Desde la Asociación Española de Abogados de Consumo (AEAC), alzamos la voz para denunciar un acto de una gravedad sin precedentes: el reciente acuerdo adoptado por la Junta de Jueces de Primera Instancia de Valladolid, por el que se fijan de forma anticipada, indiscriminada e irrisoria los honorarios de los abogados en litigios masivos de consumo.
Este acuerdo no es solo un ataque frontal a la dignidad de la profesión de abogado; es, sobre todo, un torpedo en la línea de flotación del acceso a la justicia de miles de consumidores, una flagrante extralimitación de funciones que no podemos ni debemos tolerar, y (lo más grave) un salvavidas para los bancos y entidades financieras que durante años han vulnerado sistemáticamente los derechos de los ciudadanos.
Antes de entrar en el análisis jurídico, pongamos las cosas en su sitio. El problema no lo han creado los abogados. El problema no lo han creado los consumidores. El problema lo han creado los bancos y las entidades financieras con sus cláusulas abusivas, sus tarjetas revolving usurarias, sus microcréditos leoninos, sus comisiones ilegales y su contratación sistemáticamente contraria a Derecho. Son ellos quienes han forzado a decenas de miles de ciudadanos a acudir a los tribunales para defender sus derechos más elementales.
Son ellos quienes han generado esta litigiosidad masiva. Y ahora resulta que, en lugar de señalar al verdadero responsable, se ataca al mensajero: al abogado que defiende al consumidor.
Este acuerdo de Valladolid es un mensaje claro: «Bancos, seguid vulnerando derechos tranquilamente, que vamos a hacer que a los abogados no les salga a cuenta defender a vuestras víctimas». Es la impunidad institucionalizada. Es premiar al infractor y castigar al defensor.
Entremos ahora en lo jurídico, porque la gravedad del acuerdo es mayúscula. Los jueces no tienen competencia para fijar los honorarios de los abogados de forma abstracta y ex ante. La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) es meridiana: la tasación de costas es una competencia del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ), que se ejerce caso por caso, una vez finalizado el procedimiento y a instancia de parte. Solo tras una eventual impugnación por la parte condenada, y con el preceptivo dictamen del Colegio de Abogados, puede un juez entrar a valorar la minuta.
Lo que han hecho los jueces de Valladolid es una usurpación de funciones en toda regla. Han creado una tarifa plana ilegal, prejuzgando de forma indiscriminada miles de procedimientos futuros sin atender a la complejidad, el trabajo y el estudio que cada uno de ellos requiere. Este acuerdo, amparado falsamente en el art. 170 de la LOPJ para «unificar criterios», no es más que un acto de voluntarismo judicial que contraviene la ley y vulnera la independencia tanto del LAJ como del propio juez que en el futuro deba resolver una impugnación.
Estamos hartos. Hartos de que todo el mundo se arrogue la potestad de meter la mano en el bolsillo de los abogados. La abogacía es una profesión económica y liberal, cuya remuneración se basa en la libertad de pactos entre profesional y cliente, y se regula por el mercado. Ni los Colegios de Abogados, con sus criterios meramente orientativos (como bien ha matizado la nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa), ni mucho menos los jueces, pueden convertirse en órganos reguladores de precios.
Este acuerdo es un peligroso ejercicio de intervencionismo que nos retrotrae a épocas pasadas y que atenta contra los principios más básicos de la libre competencia y la economía de mercado. ¿Aceptaría cualquier otro sector profesional que un órgano ajeno a él fijara sus precios de forma unilateral y sin base legal alguna? ¿Se atrevería alguien a fijar los honorarios de los médicos, arquitectos o ingenieros de esta manera?
Seamos realistas. Al fijar unos honorarios ridículos (400€ por una nulidad de microcrédito, 800€ por una tarjeta revolving), no se está «agilizando la justicia» ni
«protegiendo al consumidor». Se está haciendo exactamente lo contrario: se está impidiendo que exista una defensa efectiva.
Un abogado especializado en derecho bancario y de consumo debe estudiar expedientes complejos, analizar contratos de decenas de páginas, enfrentarse a los mejores despachos contratados por la banca, preparar demandas técnicamente impecables, comparecer a vistas, recurrir sentencias… Todo ello requiere formación, experiencia, tiempo y dedicación. Y todo ello tiene un coste que no puede ser cubierto con las cantidades irrisorias que fija este acuerdo.
El resultado es evidente: si no hay abogados que puedan dedicarse profesionalmente a esta labor con una retribución acorde a las leyes del mercado, los bancos y entidades financieras seguirán vulnerando impunemente los derechos de los consumidores. Las cláusulas abusivas seguirán campeando a sus anchas. Los contratos usurarios seguirán firmándose. Y el ciudadano quedará indefenso.
Este acuerdo no perjudica al abogado. Perjudica al consumidor. Y beneficia al banco. Así de simple. Así de grave.
El artículo 24 de la Constitución Española garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva. Pero ese derecho no es solo teórico: requiere que existan profesionales capacitados y dispuestos a ejercer la defensa. Y esos profesionales no pueden trabajar gratis ni por cantidades que no cubren ni los gastos de estructura de un despacho.
Lo que están haciendo los jueces de Valladolid es crear una barrera de facto al acceso a la justicia. Es un mensaje desolador para el ciudadano: «tienes derecho a defenderte, pero vamos a hacer que a tu abogado no le salga a cuenta». El resultado final es la desprotección del débil frente al fuerte, la impunidad de las cláusulas abusivas y el desistimiento de miles de reclamaciones legítimas.
Es, en definitiva, una victoria para la banca y una derrota para el Estado de Derecho.
Desde la AEAC, declaramos nuestro más profundo rechazo a este acuerdo, que consideramos nulo de pleno derecho, y anunciamos que estudiaremos todas las vías legales para combatirlo. Exigimos al Consejo General del Poder Judicial que actúe de inmediato para anular este atropello y recordar a los jueces de Valladolid cuáles son los límites de su potestad jurisdiccional. No vamos a permitir que la dignidad de nuestra profesión sea pisoteada.
No vamos a permitir que los derechos de los consumidores sean sacrificados en el altar de una mal entendida «unificación de criterios». Y, sobre todo, no vamos a permitir que se premie la conducta abusiva de los bancos condenando a la indefensión a sus víctimas.
El malo de esta película no es el abogado. El malo no es el consumidor. El malo es el banco que vulnera la ley. Y contra esa vulneración, seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas.
Defendiendo a quienes defienden a los consumidores
Pablo Artiñano | Presidente
23/09/2025
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