Una cifra escandalosa y una realidad que clama al cielo. 5.000 millones de euros, propiedad de miles de ciudadanos y empresas, duermen el sueño de los justos en las cuentas bancarias de los juzgados españoles. Este es el saldo medio, confirmado por el propio Ministerio de Justicia, de los depósitos y consignaciones judiciales. Dinero que pertenece a los justiciables, a quienes han ganado un litigio o a quienes esperan la devolución de una fianza, pero que la Administración de Justicia, a través de sus Letrados (LAJ), retiene de forma sistemática y exasperante.
Mientras el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) defiende su gestión con triunfalismo, asegurando que la liberación de los fondos es «inmediata» [1], la realidad que sufren abogados y ciudadanos es radicalmente opuesta. Fuentes del sector legal y testimonios de afectados confirman que la espera media para recuperar el dinero propio se extiende a un mínimo de tres meses. En los casos más sangrantes, la demora puede alcanzar hasta doce meses, un año durante el cual el dinero, que tiene un dueño legítimo, permanece secuestrado por la burocracia.
La indignación se multiplica al preguntar por los intereses que genera esta ingente masa de dinero. ¿Quién se beneficia de ellos? La respuesta es tan simple como injusta: el Tesoro Público. Los intereses generados por estos 5.000 millones de euros no revierten en sus legítimos propietarios, quienes además de sufrir el perjuicio de la demora, ven cómo su dinero pierde valor y no genera el rendimiento que podría obtener en cualquier otro lugar. La Administración no solo es lenta, sino que además se lucra con su propia ineficiencia a costa del ciudadano.
La excusa oficial apunta a la sobrecarga de trabajo de los LAJ y a la falta de modernización de los sistemas. Se reconoce que los Letrados están «desbordados de trabajo», lo que les impide dar prioridad a la liberación de unos fondos que, para la Administración, son solo un número, pero para los ciudadanos pueden significar la viabilidad de un negocio, el pago de una deuda o simplemente la capacidad de seguir adelante tras un largo proceso judicial. En un plazo que razonablemente no debería superar los 30 días, la maquinaria judicial se toma trimestres enteros, contraviniendo los principios más básicos de una justicia ágil y eficaz.
Esta situación no es una fatalidad inevitable, sino una consecuencia directa del «funcionamiento anormal de la Administración de Justicia», un concepto reconocido por la propia Constitución Española en su artículo 121. La Ley Orgánica del Poder Judicial es clara al establecer que los daños causados por este funcionamiento deficiente dan derecho a una indemnización a cargo del Estado. La tardanza sistemática en la devolución de los depósitos es un daño real, cuantificable y, por tanto, reclamable.
No existe responsabilidad personal directa del LAJ que se demora, pero sí
una responsabilidad patrimonial de la Administración en su conjunto. Es el
Estado quien debe responder por un sistema que permite que el dinero de los
ciudadanos quede atrapado en un laberinto burocrático, generando un perjuicio
económico evidente.
Ante esta injusticia manifiesta, la pasividad no es una opción. Los abogados y procuradores tienen en su mano las herramientas para exigir responsabilidades y forzar un cambio. Desde la Asociación Española de Abogados de Consumo se recomienda a los profesionales del derecho que, ante cada demora injustificada en la liberación de fondos, inicien dos vías de actuación complementarias:
Solo la acción decidida y constante de los operadores jurídicos podrá poner fin a este abuso silencioso. Es hora de que la Justicia deje de retener lo que no es suyo y devuelva a los ciudadanos no solo su dinero, sino también la confianza en un sistema que, hoy por hoy, les falla.
Pablo Artiñano | Presidente
21/10/2025
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