Hay una victoria silenciosa que libramos los abogados mucho después de que el juez dicte sentencia: el cobro de nuestros honorarios. Y es en esa batalla donde a menudo nos encontramos más solos.
Imagina ganar un caso, iniciar la tasación de costas y que la parte contraria la impugne, no por justicia, sino por Sistema y para retrasar el pago. La ley obliga al LAJ a solicitar un dictamen a nuestro propio Colegio, ese al que pagamos una cuota mensual esperando respaldo y agilidad.
Pero la realidad es otra. El expediente queda varado durante meses. En bastantes casos de este despacho, más de 200 días. Días en los que un profesional no puede cobrar por un trabajo ya realizado y reconocido judicialmente.
Pagamos por un servicio, pagamos por el dictamen y, a cambio, recibimos un perjuicio en forma de retraso. Esto nos lleva a cuestionar la verdadera naturaleza de nuestra relación con los Colegios. ¿Son un verdadero soporte o una estructura anquilosada que ralentiza nuestro trabajo y perjudica nuestro medio de vida?
Quizás la pregunta no es si los necesitamos, sino qué tipo de Colegio necesitamos. Uno que defienda activamente nuestros intereses, no que los demore.
Pablo Artiñano | Presidente
23/09/2025
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