Los retrasos en la liberación de fondos consignados en los juzgados son un problema crónico que perjudica la confianza en nuestro sistema judicial. No es un problema de falta de fondos, sino de pura ineficiencia administrativa.
Cuando un LAJ tarda casi 7 meses en ordenar una transferencia, no solo perjudica al cliente y a los profesionales, sino que erosiona la imagen de toda la Administración de Justicia. Este cuello de botella (el último), se suma a otros ya conocidos, como la demora en los dictámenes colegiales de costas y la endémica lentitud de la Administración de Justicia.
La solución no es compleja ni costosa. Vivimos en la era de la inmediatez digital, y la Justicia no puede quedarse atrás.
Propuestas concretas:
1. Plataforma centralizada de pagos: Implementar un sistema que automatice las transferencias en un plazo máximo de 48 horas desde la consignación.
2. Intereses de demora automáticos: Al igual que la AEAT, que el sistema aplique intereses de demora a cargo de la Administración de Justicia por cada día de retraso injustificado que supere los 30 días naturales.
3. Transparencia y seguimiento: Un portal donde el ciudadano y los profesionales puedan ver en tiempo real el estado de sus fondos.
En estos andurriales ibéricos no se puede dejar de pensar mal. La única información disponible -porque en este asunto hay de todo menos transparencia- es la siguiente: el Ministerio de Justicia informó en 2023 que el saldo bancario en consignaciones judiciales era de 4.775 millones de euros: cada mes entran unos 700 millones de euros y cada mes salen otros tantos. Luego hay un saldo flotante en cuentas bancarias de unos 5.000 millones durante 7 meses. Aquí dejo a un buen periodista de investigación averiguar a quién van esos intereses: al Estado o a los Bancos. Porque (desde luego) los titulares de esos intereses deberían ser los justiciables. Y a ellos deberían pagarse los intereses de demora, lo mismo que la AEAT paga intereses de demora a los contribuyentes cuando se retrasa en hacer una devolución. ¿Para cuándo la Responsabilidad Patrimonial de la Administración?
¿A quién le interesa que nada cambie? -Si los Bancos mantienen un saldo de 5.000 millones de € una media de 7 meses, y un depósito medio de gran cuantía genera un 3% de interés, alguien se está embolsando 87 millones de euros cada 7 meses: y no sabemos si es el Estado o son los Bancos.
Pero, desde luego, sabemos dos cosas a ciencia cierta:
1. Que alguien se está llevando 87 millones de euros cada 7 meses.
2. Que el que no se los está embolsando es su legítimo titular: el justiciable.
Es hora de pasar de la queja a la acción. La tecnología existe. Solo falta la voluntad política para ponerla al servicio del ciudadano. Y la atribución de esos intereses a quien corresponde: al justiciable.
Pablo Artiñano | Presidente
17/09/2025
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